España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay emitieron una declaración conjunta donde rechazan operaciones militares unilaterales en Venezuela. Los gobiernos califican estas acciones como violaciones al derecho internacional y advierten del riesgo para la paz regional.
El presidente de España, Pedro Sánchez, ha confirmado mediante un mensaje en su perfil de la red social X que España Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay han firmado un comunicado de rechazo sobre las operaciones militares estadounidenses del 3 de enero en Caracas.
En esa operación hubo bombardeos y la captura y extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro y su mujer. Los Gobiernos firmantes expresaron su rechazo frontal a las acciones militares ejecutadas de forma unilateral en territorio venezolano. Según el texto conjunto, estas operaciones violan principios básicos del derecho internacional, especialmente la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía territorial que establece la Carta de las Naciones Unidas.
El comunicado señala que estas acciones representan un precedente peligroso para la paz y la seguridad en la región, además de poner en riesgo directo a la población civil venezolana. Los seis países coinciden en que cualquier intervención de esta naturaleza contradice los marcos legales internacionales vigentes.
Ayer, Pedro Sánchez, ya confirmó que pese a no haber reconocido oficialmente el régimen de Maduro, no podrán reconocer una intervención que viola el derecho internacional.
Llamada al diálogo y preocupación por los recursos estratégicos
Los firmantes insisten en que la crisis venezolana solo puede resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo y la negociación, sin injerencias externas. Defienden que únicamente un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede derivar en una solución democrática y duradera.
La declaración también aborda otro punto sensible: la posible apropiación externa de recursos naturales o estratégicos venezolanos. Los Gobiernos manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental o administrativo sobre estos recursos, algo que consideran incompatible con el derecho internacional y que amenaza la estabilidad económica, política y social de toda la región.
Los países reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, haciendo una llamada a la unidad regional más allá de diferencias ideológicas. El texto solicita al Secretario General de la ONU y a los mecanismos multilaterales que contribuyan a la desescalada de tensiones y a preservar la paz en la zona.
